Joel Sánchez Rodríguez
@JoelSanRadar
En medio de un clima de tensión y de violencia que en diversas regiones del vive el ejercicio periodístico y amaga a los trabajadores de los medios de comunicación, esta semana fueron aprobadas en los estados de Colima e Hidalgo, leyes que pretenden salvaguardar la integridad de los reporteros, proteger sus derechos y garantizar que el desempeño de su labor no esté sujeto a la amenaza, la coacción y el miedo.
Con el nombre de Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico para el Estado en Colima y Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Salvaguarda para el Ejercicio del Periodismo, en Hidalgo, ambas leyes coinciden en la esencia de la seguridad de los periodistas no solo sea inspiración para un discurso anual y que los derechos de los comunicadores no solo sean un catálogo de buenas intensiones, sino que sean norma y que como tal sean obligatorias y sea el estado quien más allá de las palabras los salvaguarde en los hechos.
En el caso de la legislación hidalguense existen puntos que valen la pena destacar y que de manera justificada han hecho que algunos la califiquen como una ley de vanguardia.
Lo primero es que se trata de una norma aprobada por unanimidad por los legisladores al Congreso del Estado, lo que significa que sin importar la ideología partidista de cada uno de los representantes populares o la fracción parlamentaria a la que pertenezcan, todos coinciden en la necesidad de que la libertad de expresión, la libertad de imprenta, el derecho a la información y el ejercicio periodístico, reciban la protección legal y con ello fortalecer el desempeño de quienes se dedican a la tarea de informar, investigar, opinar y a denunciar con el carácter y rigor que exige el periodismo.
La ley aprobada en Hidalgo, si bien se mantuvo algunos meses congelada en el congreso al parecer por celo político entre los representantes populares, surgió a propuesta del diputado Onésimo Serrano, se complementó con las aportaciones de integrantes del gremio periodístico y de la sociedad civil, se realizaron foros de consulta popular y se conformó una norma que no dejó fuera nada fundamental.
El Secreto Profesional, la Clausula de Conciencia, Protección a Fuentes de Información, Acceso preferente y libre a fuentes informativas, protección a los derechos de autor y patrimoniales de los reporteros, el defensor de audiencia y la creación de la Comisión Estatal de Protección al Periodista con facultades para asumir medidas cautelares cuando un comunicador se encuentre bajo amenaza o en riesgo, son elementos que hacen del decreto aprobado, una ley de ejemplar.
Pero para estar a la altura de las necesidades y garantizar su aplicación, aun hace falta elaborar y aprobar su reglamentación, para cuya conformación ha ofrecido su apoyo la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas.
La aprobación constituye un avance muy significativo que no debe quedar solo en el voto unánime, debe sancionarse, publicarse y entrar en vigor, aprobarse su reglamento y aplicarse, como se espera ocurra con legislaciones similares que ya se han aprobado en otras entidades y a nivel nacional como la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que en todo el país entró en vigor el 26 de junio pero cuyos mecanismos de aplicación se prevé estén listos hasta finales de octubre.
Que ninguna de esas leyes sea letra muerta es una obligación de las autoridades. Los Medios de comunicación y periodistas, deberán estar atentos de que se hagan realidad.
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Comentarios: joelsan@prodigy.net.mx
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